El tribunal ordenó a Félix Javier Silva Coloma entregar toda la información solicitada en un plazo de 10 días, además de asumir los costos y costas del proceso.

 El Ilustre Colegio de Abogados de Sullana (ICAS), bajo la administración de Félix Javier Silva Coloma como decano previo, enfrentó varios cuestionamientos judiciales debido a presuntas irregularidades en la gestión de los recursos del Colegio y la falta de transparencia administrativa.

Proceso de Hábeas Data (2021)

Uno de los procesos más significativos fue la demanda de hábeas data presentada por Carlos Humberto Reyes Cayotopa y Felipe Meca Andrade en 2021. Este proceso surgió como respuesta a la negativa del decano Félix Javier Silva Coloma a proporcionar información financiera y contable del ICAS. Entre los datos solicitados estaban:

1. Estado financiero y contable desde 2012: Revisión de cuentas anuales, ingresos, egresos y otros datos financieros.

2. Aportaciones de agremiados: Detalles de cuentas de ahorro a nombre del ICAS, incluyendo las entidades financieras involucradas.

3. Comprobantes de pago: Registro de abogados hábiles desde 2012.

4. Fondo de prevención social del abogado: Uso y manejo de recursos destinados a beneficios sociales, como enfermedad, sepelio, invalidez y jubilación.

Resolución del Caso

El 10 de diciembre de 2021, el 1er Juzgado Civil de Sullana emitió una resolución a favor de los demandantes, declarando fundada la demanda. El fallo concluyó que el ICAS, bajo la dirección de Silva Coloma, había vulnerado el derecho de acceso a la información pública al no responder a las solicitudes de información. Entre los argumentos destacados por el juez están:

El derecho de acceso a la información pública está garantizado por la Constitución peruana.

La denegatoria tácita de la información solicitada violaba los principios de transparencia y rendición de cuentas.

El ICAS no justificó adecuadamente por qué no podía proporcionar la información requerida, ni acreditó que los datos estuvieran protegidos por razones de confidencialidad, como exige la Ley de Transparencia.

El tribunal ordenó a Félix Javier Silva Coloma entregar toda la información solicitada en un plazo de 10 días, además de asumir los costos y costas del proceso.

Repercusiones

Este proceso fue un hito importante en la lucha por la transparencia dentro del ICAS y marcó el inicio de un cambio en su dirección administrativa. Reflejó la necesidad de garantizar prácticas éticas y rendición de cuentas en instituciones colegiadas.

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