El juez constitucional José Camargo Cabezas ha emitido un análisis jurídico respecto a la demanda de amparo interpuesta por el Decano, Abog. Mgtr. Carlos Humberto Reyes Cayotopa
El Ilustre Colegio de Abogados de Sullana informa a sus agremiados y a la comunidad jurídica en general que el juez constitucional José Camargo Cabezas ha emitido un análisis jurídico respecto a la demanda de amparo interpuesta por el Decano, Abog. Mgtr. Carlos Humberto Reyes Cayotopa, en defensa de los derechos institucionales del ICAS.
Dicha demanda tiene como finalidad garantizar la participación activa del Colegio en las actividades protocolares, académicas y oficiales organizadas por la Corte Superior de Justicia de Sullana, en reconocimiento de su rol fundamental como institución representativa de la abogacía en el distrito judicial.
La solicitud, presentada ante el Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, tiene como finalidad que se garantice de manera inmediata la incorporación del ICAS en:
La Comisión Distrital de Atención al Usuario Judicial
La Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios
La Comisión de Implementación del Código Procesal Penal
Así como el cumplimiento efectivo de la Resolución Administrativa N.º 000158-2021-CE-PJ, que establece el derecho del ICAS a percibir el 5% de los costos procesales, conforme a ley.
“Esta medida cautelar responde a la reiterada exclusión del ICAS desde el año 2023 en espacios de vital importancia para la administración de justicia. Dicha exclusión constituye una vulneración a nuestros derechos constitucionales como institución gremial, afectando no solo al Colegio, sino a todos los abogados agremiados que representamos”, manifestó el Decano Carlos Humberto Reyes Cayotopa.
El sustento legal de esta acción se ampara en los artículos 20° y 2°, inciso 13° de la Constitución Política del Perú, que reconocen la autonomía y participación institucional de los colegios profesionales y el derecho de asociación sin interferencia estatal.
El ICAS cuenta con personería jurídica válida, reconocida por entidades como SUNAT, ONPE y la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú (JUDECAP), así como una directiva legítimamente elegida para el periodo 2025-2027.
Este pronunciamiento representa un paso importante en la defensa de los principios de legalidad, institucionalidad y respeto a la autonomía de los colegios profesionales, pilares esenciales para una justicia democrática y participativa.
Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos gremiales y la unidad del foro local.

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