LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL MARCO NACIONAL PERUANO

LOS CONFLICTOS SOCIALES EN EL MARCO NACIONAL PERUANO

ABOG CARLOS HUMBERTO REYES CAYOTOPA

Que cuando hablamos de conflictos sociales, lo primero es saber identificarlo por medio los siguientes elementos: la noción de proceso, complejidad de los procesos, la idea de percepción, los intereses en contradicción, la posibilidad de la violencia y el espacio público. Lo importante es buscar políticas públicas para evitar, controlar y solucionar a través de la representación del Estado la cultura de paz y dialogo.

Pero, lo más importante de este tema, es que no expone la cruda realidad de falta de dialogo de nuestro país, con una débil institucionalidad estatal y un sistema político precario en materia de política pública y falto de confianza en la escena política en temas ambientales y conflictos sociales, en especial, en los problemas derivados de la gestión pública de los gobiernos regionales y locales.  Como bien dicen: << “… el conflicto social es un proceso complejo en el que grupos sociales, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores, creencias son incompatibles o contradictorios y esa contradicción puede derivar en violencia…”>> y la mayoría de casos en el Perú sobre conflictos sociales son expresiones violentas que revela un Estado con falta de capacidad de contribuir a la solución pacífica a la solución del conflicto.

CONCLUSIONES: 

Primero, que el mismo Estado ha sido uno de los generadores de conflictos por su falta de participación en el escenario político en materia ambiental de la actividad minera y petrolera, como la contaminación del rio Amazonas, etc  La necesidad urgente de reformar e implementar nuevas políticas y normatividad respecto a gobernabilidad y diálogo ante este escenario de conflicto sociales y la inexperiencia por parte de los funcionarios públicos en temas de solución del conflicto y política de gobierno ha generado crisis en los conflicto sociales. La entidad administrativa, emitida sin analizar ni prever las consecuencias sociales y jurídicas que tendría una concesión. En resumen, conforme la actividad económica se desarrolle e incrementa en el País como es la actividad minera el Estado debe actualizar su política Pública para evitar conflictos sociales.