LA INFLUENCIA DEL
NARCOTRÁFICO Y EL TERRORISMO EN OCASIONAR CONFLICTOS POLÍTICOS
Carlos Humberto Reyes
Cayotopa
A.
EL TERRORISMO GENERA CONSECUENCIAS POLITICAS,
ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y PSICOSOCIALES.
Los ataques terroristas vulneran los derechos
fundamentales de las personas, llamase, niño, adolecentes, adulto o adulto
mayor. Cada ataque terrorista era un
desastre social irreparable; por ejemplo, en el Perú los ataques de Sendero Luminoso (17 de mayo 1980) en la
localidad Ayacuchana de Chuschi. Los integrantes de sendero luminoso, grupo
terrorista atentaron contra la vida de muchas personas, sometiéndolas como
esclavos y victimas de crueles torturas. Sin duda alguna el terrorismo deja
secuela de miedo social en la gente, asimismo, en los sobrevivientes o
familiares de aquellos que murieron a consecuencias de los ataques terrorista.
Por otro lado, desde el marco económico, eso reduce los costos de vida y reduce
la economía sostenible de un país, por ejemplo, grandes indemnizaciones y
reparaciones hacías las víctimas, reconstrucción sobre aquellas instituciones destruidas,
inversión de dinero para emitir decreto de urgencia en temas de auxilio social
en las zonas más vulnerables, instalación de puestos de salud, alimento,
seguridad, reconstrucción de viviendas, etc. pero, al mismo tiempo, incrementan los costos
de vida por el difícil acceso al mercado mayoritario, el rompimiento de
carreteras, la falta de intercambio comercial dentro los mercados mayoritarios y
minoritas del territorio nacional. Otro
aspecto, dentro del marco social y psicosocial donde la sociedad vive en
inseguridad con las políticas de seguridad del Estado, eso quiere decir, que
quebranta la relación sujeta de derecho y un estado de derecho, la inseguridad jurídica
de un Estado que no puede tutelar los derechos fundamentales de la persona. El
estado tampoco no puede asegurar que el desarrollo económico pueda fluis dentro
del país dado que las expectativas del empresario nacional y extranjero se ve
opacado ante tanto caos nacional.
Atentado contra el derecho a la vida y dignidad
de la persona, donde se resalta asesinatos, desapariciones y secuestros, casos
en las zonas rurales donde hubo apagones, cochebombas, atentados contra postas
médicas, puestos policiales, etc. La
violación de los derechos humanos añadió crueldad, terror y destrucción a la
persona más vulnerable en su condición de pobreza, abandono por parte del
Estado, en políticas de urgencia y auxilio judicial, ningún órgano
jurisdiccional podía tutelar los derechos de quien lo solicite.
Las
consecuencias políticas en el Perú, un rompimiento del tradicional manejo
político del Estado, una llamada de atención a nuevas tendencias políticas
donde solo refleja que la sociedad necesita mayor seguridad del país, asimismo,
la política emergente del Estado durante el terrorismo en cerrar zonas
públicas, parar la actividad privada por futuros atentados terroristas. La
responsabilidad del Estado para recuperar la confianza de la sociedad en las
políticas del gobierno.
B.
LA INFLUENCIA DEL NARCOTRÁFICO EN OCASIONAR CONFLICTOS
POLÍTICOS
El
narcotráfico es una actividad ilegitima que recluta cada vez más personas en
zonas de extrema pobreza. Sin embargo, esta figura es una consecuencia de la
ausencia del Estado para fomentar el desarrollo económico y oportunidades
laborales como un trabajo digno y derecho a la persona a tener una vida digna y
derecho al desarrollo y progreso. Los
conflictos políticos a menudo surgen de los conflictos sociales donde el
narcotráfico aprovecha la incertidumbre para buscar sus propios beneficiosos
como por ejemplo la producción de cultivos con fines ilícitos, donde el
Estado peruano no proyecta normas jurídicas económicas que beneficien al
agricultor como en la exportación e importación de productos agrícolas.
Las
poblaciones en zonas rurales son constantemente marginadas dentro del marco de
proyección social, económica y ambiental. La consecuencia del narcotráfico es
porque se aprovecha del vacío legal del derecho económico y social que el
Estado olvida. El gobierno peruano debe
facilitar mayor presupuesto a los gobiernos locales de zonas de pobreza para
generar obras con fin social, incentivar la inversión privada como fuente de
trabajo en zonas rurales, sin restricción al mercado (impuestos tributarios,
registrales y notariales) al emprendedor campesino que quiere forjar su propia
empresa.
Por
otro lado, el narcotráfico siendo un negocio antijurídico que genera un sistema
de libre mercado llamado narcoeconomía que permite que aquel sujeto de pocos
recursos económicos pueda crecer deliberadamente su capital asociada con actividades
ilícitas e influenciada con alianzas de la narcopolítica.
El
narcotráfico tiene una influencia fuerte en la actividad de los agricultores
ante la ausencia del rol del Estado, a fin, de someter a los campesinos a
chantajes, amenazas, instigación y secuestros para que participen en el cultivo
y tráfico ilícito de drogas (producción, elaboración, comercialización y el
consumo).
Por
tanto, el narcotráfico genera esa desconfianza por parte del agricultor o
campesino en que el Estado Peruano a través de sus órganos jurisdiccionales
(Poder judicial, Ministerio público, Policía Nacional, Ministerio del Interior,
etc) pueda tutelar sus derechos, defenderlos y protegerlos ante los ataques de
los narcotraficantes.
El Estado peruano debe entender que para luchar
contra la influencia del narcotráfico debe generar unos programas de desarrollo
sostenible desde el marco económico con la actividad agrícola, desarrollo
social y ambiental, inversión seguridad pública con alianzas de gobiernos
extranjeros.

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